Bajo la conducción de la congresista Alda Lazo Ríos de Hornung (AN), en ausencia de la presidenta, este grupo de trabajo aprobó incorporar un inciso al artículo 46 del Código Penal, que está referido a los delitos cometidos contra la mujer o un integrante del grupo familiar conformado por cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes o parientes colaterales de los cónyuges hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Según el texto aprobado, constituye la circunstancia agravante si la víctima tiene hijos con el agresor, independientemente si conviva al momento de producirse la violencia, entre quienes habitan en el mismo hogar y entre personas que mantienen o mantuvieron relaciones de pareja sin convivencia. En estos caso el juez podrá aumentar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de 35 años de pena privativa de la libertad.
Asimismo, se aprobó incluir un párrafo en el artículo 45 del Código Penal para determinar el criterio de la pena en función de los intereses y la afectación de la víctima, de su familia o de las personas que de ellas dependan, considerando aquellas que están en condición especialmente vulnerable.
También se aprobó incorporar el inciso 5 al artículo 96-A de la Ley Orgánica del Ministerio Público para precisar las atribuciones del Fiscal de Familia. Igualmente, se aprobó incorporar un párrafo al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para determinar la competencia de los Juzgados de Familia.
Previamente, se aprobó la propuesta planteada por la congresista Alda Lazo para declarar el cuarto viernes del mes de agosto de cada año como el Día de Prevención de la violencia hacia la Mujer y la Familia.
“Toda la violencia familiar constituye violación de derechos humanos y libertades individuales, colectivas y por consiguiente un obstáculo para el desarrollo de sus integrantes y del grupo familiar”, dijo la parlamentaria para sustentar su propuesta.
Participaron en la sesión representantes de los ministerios de La Mujer, Interior, Salud y Justicia. También del Poder Judicial, Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades involucradas en el tema.
SERVICIO DE NOTICIAS
OFICINA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO
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