La decisión de la minera canadiense Bear Creek de defender por la vía legal la concesión de una mina que el sábado le revocó el gobierno peruano, enciende una luz de alarma sobre las inversiones, en momentos en que las protestas antimineras acorralan al gobierno, estiman analistas.
Bear Creek anunció desde su sede en Vancouver que no se quedará cruzada de brazos y que usará “todos los caminos disponibles” para explotar la mina de plata Santa Ana, en Puno, sureste de Perú, una región poblada por la etnia aymara en la frontera con Bolivia.
Según el presidente de Bear Creek, Andrew Swarthout, la empresa “tiene la intención de defender inmediata y vigorosamente sus derechos en Santa Ana”, incluyendo la ley peruana y lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú.
El gobierno de Alan García, en funciones hasta el 28 de julio, revocó la concesión al acoger demandas de los campesinos ambientalistas que piden prohibir la actividad energética y minera en Puno en favor de la agricultura como condición para cesar una protesta iniciada a fines de mayo.
Puno enfrenta dos conflictos antimineros paralelos: el de los aymaras contra Bear Creek, y el de Juliaca contra la minería aurífera informal, donde el viernes murieron cinco campesinos baleados por policías al intentar tomar el aeropuerto de esa ciudad.
La confluencia de estos reclamos convirtió a Puno en emblemático punto de referencia de las protestas antimineras, que desbordaron al gobierno, que alargó las negociaciones en un afán de dilatarlas hasta que cedió promulgando cinco normas que limitan la minería en esa región, incluyendo la revocación de la concesión a Bear Creek.
La compañía canadiense afirma que cualquier modificación del decreto “es ilegal y sin base”, dado que considera haber cumplido con las leyes peruanas, según un comunicado emitido la noche del sábado.
La primer ministra Rosario Fernández justificó el retiro del permiso a la minera canadiense, porque “el gobierno detectó que la persona natural que formuló el petitorio minero en su momento no reveló que también era apoderado de la compañía canadiense”.
La decisión del gobierno encendió las alarmas sobre los riesgos que se ciernen sobre las inversiones mineras y el respeto a la estabilidad jurídica de los contratos, en momentos que asumirá el poder el 28 de julio el izquierdista Ollanta Humala, que prometió un nuevo impuesto a las ganancias de las mineras.
“Estas decisiones que se están tomando van a afectar al sector minero, que será la fuente de donde supuestamente se van a financiar los programas sociales que prometió el gobierno entrante”, dijo Miguel Santillana, investigador de la Universidad San Martín.
Santillana advirtió que otras regiones mineras del Perú podían seguir los pasos de los manifestantes de Puno, una decisión que podría impactar en la economía peruana.
El sociólogo y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi enfocó los reflectores en la misma dirección: “El gobierno no debe ceder ante esta presión pues seguramente otros departamentos harán lo mismo y Perú se quedará sin minería”.
La canadiense Bear Creek tenía previsto invertir 71 millones de dólares para producir cinco millones de onzas de plata en los siguientes cinco años en Santa Ana, que tiene reservas de 63,2 millones de onzas de plata en la zona que obtuvo bajo concesión.
La cancelación del proyecto minero es el segundo en lo que va del año, luego que en abril protestas sociales de campesinos obligaron al gobierno a rechazar el proyecto cuprífero Tía María del gigante Southern Perú, del grupo México.
“Quienes buscan poner fin a la minería legal, utilizando a ONGs y Frentes de Defensa que manipulan a pobladores, provocaran que el Perú se descarrile hacia el barranco del caos, la violencia y la parálisis”, señaló el analista José Luis Patiño en su columna del diario Expreso.
La cartera de inversiones en minería e hidrocarburos en Perú se cifra en 41.000 millones de dólares, según cifras oficiales.
Perú es el segundo productor mundial de plata y cobre, además del sexto productor de oro.
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